Hace dos siglos y medio, Olavide hablaba preocupado de los braceros andaluces: "Estos hombres la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos". Cuando no tenían trabajo, marchaban a las ciudades a pedir limosna. Olavide, intendente de Sevilla (a la vez, presidente de la Junta y delegado del Gobierno), se enfrentaba a un problema de orden público, pero también, como ilustrado, sentía remordimientos de conciencia: tenía que hacer algo. Propuso crear nuevas poblaciones en áreas desiertas, pero Carlos III, que no se fiaba demasiado de la laboriosidad de los andaluces, se empeñó en traer a colonos alemanes y de otras regiones españolas.
El problema de los jornaleros andaluces es bastante antiguo. ¿Cuándo empezó? Retroceder a la época de Tartessos, los régulos turdetanos y los fundos romanos parece excesivo. Algunos historiadores señalan que todo comenzó con la conquista cristiana: Fernando III repartió las tierras ocupadas entre los nobles; los musulmanes, desahuciados, tuvieron que convertirse en jornaleros. Su destierro no consistió en la expulsión, sino en la pérdida de sus tierras. "Desde aquellos tiempos esas enormes fincas se han perpetuado y una clase dominante castellana de guerreros vivió gracias al trabajo de una despreciada masa de campesinos semibereberes, con frecuencia musulmanes" (Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil). La imagen es sugerente pero falsa: los musulmanes fueron expulsados y llegaron pobladores del norte, que buscaban oportunidades.
Olavide señalaba que había braceros que trataban de mejorar su situación. "Algunos, pero pocos, se destinan a arrendar pequeñas hazas de tierra de dos o tres fanegas cada una, de las que están inmediatas a los lugares, porque, estando un poco lejos, es imposible que puedan atenderlas. Los propietarios, abusando de esas circunstancias, se las hacen pagar a precios exorbitantes, causando dolor que un infeliz bracero pague diez pesos por el arriendo de una fanega de tierra, cuando a media legua, se ven millares de fanegas abandonadas." Según Olavide, jornaleros y braceros constituían un cuarto de la población total. Había también "pelantrines", arrendatarios, "clase respetable de hombres aplicados, que con su industria han adquirido dos o tres yuntas, que mantienen, y un corto caudal con que pagan el arrendamiento adelantado, porque así es la costumbre".
El caso es que la situación empeoró con la desamortización civil y eclesiástica. Los ricos terratenientes adquirieron (o usurparon) aún más tierras, muchas de las cuales habían estado arrendadas durante siglos. Aumentaron los ingresos agrarios. Los grandes propietarios explotaban sus tierras a través de administradores, vivían en Sevilla, en Madrid, jugaban a la política, defendían el proteccionismo. Algunos no sabían qué hacer con tanta tierra, la dedican a la cría de ganado bravo: Sender lamentaba las "cincuenta y cuatro mil hectáreas incultas, sembradas de boñigas de cabestro", que rodeaban Benalup.
Comenzó a hablarse de la reforma agraria. Durante años, esa fue la bandera que agitaron los sindicatos y algunos partidos. Es lo que se intentó hacer en los años 30, durante la República y la guerra civil. Cuando llegó la dictadura, los falangistas consiguieron aprobar una reforma agraria subreal: se colonizaron algunos territorios; se entregó media hectárea, ¡media hectárea!, a los colonos, que en realidad seguían siendo jornaleros, aunque ahora con un minúsculo aliciente para no abandonar la comarca. Los cercanos latifundios ya tenían mano de obra barata y, desde la peculiar visión nacionalcatólica, agradecida.
En los años 60, el problema agrario se resolvió de manera brutal: España pasó de ser un país retrasado, con una mayoría de población rural, a tener una economía moderna. El campo se mecanizó y los pueblos se despoblaron. Y algunas provincias. Jaén, por ejemplo, perdió un cuarto de su población: de 780.000 habitantes en 1950 a 670.000. No es mucho comparado con lo que sucedió en las dos Castillas, pero hay que tener en cuenta que la población andaluza ha crecido de 5,2 a 8,4 millones (60 %); la sevillana, de 1,1 a 1,9 (72 %).
En los años 60, pues, algunas regiones españolas se industrializaron y comenzaron a terciarizarse, no así Andalucía, que siguió siendo una región donde la agricultura tenía todavía un peso muy importante. Eso comenzó a cambiar en los años 80, cuando España entró en la CEE. La agricultura española tuvo que abandonar su función tradicional de sustituir importaciones y ahorrar divisas. De pronto, la actividad agraria ya no era rentable: sólo se podía sostener gracias a las subvenciones europeas.
Sigue habiendo jornaleros, empero. Ya no viven "con el pan y el gazpacho que les dan", como en época de Olavide, pero evidentemente, una agricultura poco competitiva no puede permitirse pagar altos salarios a trabajadores con un nivel formativo mínimo. Y sólo hay trabajo una parte del año, generalmente durante la recolección.
Se trató de solucionar ese problema mediante el empleo comunitario y el Plan de Empleo Rural (PER). Había antecedentes: en la República existió un subsidio, que los jornaleros llamaban despectivamente "la limosna"; durante la dictadura se implementaron ayudas por desempleo. "El sistema del subsidio por desempleo se aplicará en aquellas Comunidades Autónomas donde el paro estacional de los trabajadores agrarios eventuales sea superior a la media nacional y donde el número de estos sea proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias" (BOE, 31 de diciembre de 1983). El jornalero debía justificar un mínimo de peonadas trabajadas y, cuando las conseguía, tenía derecho al paro. Los ayuntamientos recibían subvenciones para que los parados acogidos al PER realizasen diversos trabajos.
Pronto, se llegó a la práctica perversa de que los jornaleros dejaran de trabajar cuando conseguían las peonadas mínimas, que exigieran al empresario que no declarara todos los jornales trabajados, que le firmaran peonadas que no se habían trabajado. En algunas zonas de Andalucía, había jornaleros que no querían trabajar porque ya tenían los jornales; en otros, había tan poco trabajo que era imposible conseguirlos. Algunos agricultores no declaraban sus explotaciones para cobrar el PER. Un perceptor tenía más de 2.0000 olivos en Albacete... En 2010, 1.600 jornaleros fueron sancionados por percibir de manera indebida el PER. Pese al paro agrario, nunca inferior al 20 % de la población activa, Andalucía comenzó a necesitar trabajadores inmigrantes. Primero llegaron a Almería, más tarde pasaron a recoger la fresa de Huelva, la aceituna.
¿Qué dicen los sindicatos de jornaleros a todo esto? Algunos siguen todavía con la vieja dialéctica de la reforma agraria y de la tierra para quien la trabaje: ¡no se han enterado de que la agricultura andaluza ya no es rentable! (O acaso quieren el retorno a la agricultura de subsistencia.) Otros sindicatos critican que las subvenciones europeas se entreguen a los propietarios; indican que el objetivo final de éstas es evitar que el campo se despueble: habría que repartirlas, pues, entre toda la población agraria o rural.
Se ha aseverado que el PER es un invento socialista para ganar las elecciones: desde que lo creó Felipe González, el PSOE siempre se ha impuesto en Andalucía. Últimamente, el voto socialista se ha atrincherado en las zonas rurales. Andalucía se ha convertido en el rotten borough del PSOE. Por otra parte, políticos del resto de España dicen que los andaluces no trabajan, que sólo se dedican a pasar el día en el bar: poco más del 1,5 % de los andaluces cobran el PER.
Quizá, el destino normal de muchos jornaleros andaluces habría sido la emigración, pero el PER les ha permitido seguir viviendo en sus pueblos, sin expectativas, sin futuro. En algunas poblaciones, el porcentaje de población que percibe el PER es descabelladamente elevado: en Marinaleda, por ejemplo, 700 de 1.100 activos (63 %); curiosamente, el alcalde de ese pueblo dice que allí hay pleno empleo. En Andalucía, lo cobran 128.000 personas.
La mala imagen del PER hizo necesario reformarlo poco más de diez años después de su puesta en marcha. Surgió el PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario). Sin embargo, el acrónimo PER tiene la fuerza de esos antiguos acrónimos soviéticos que se siguen utilizando: después de todo, aún existe un Komsomolsk en Ucrania, en Uzbekistán, en Turkmenistán, varios en Rusia. Todos, jornaleros y políticos, siguen hablando del PER aunque en los documentos oficiales aparezcan otras siglas. En fin, el mismo perro con distinto collar. Andalucía, por mucho tiempo, será la región del PER.
Por terminar de una vez, Olavide escribía que los jornaleros andaluces eran los "hombres más infelices que yo conozco en Europa". Lo cierto es que su situación es bien triste. ¿Lo ven ellos así?
El problema de los jornaleros andaluces es bastante antiguo. ¿Cuándo empezó? Retroceder a la época de Tartessos, los régulos turdetanos y los fundos romanos parece excesivo. Algunos historiadores señalan que todo comenzó con la conquista cristiana: Fernando III repartió las tierras ocupadas entre los nobles; los musulmanes, desahuciados, tuvieron que convertirse en jornaleros. Su destierro no consistió en la expulsión, sino en la pérdida de sus tierras. "Desde aquellos tiempos esas enormes fincas se han perpetuado y una clase dominante castellana de guerreros vivió gracias al trabajo de una despreciada masa de campesinos semibereberes, con frecuencia musulmanes" (Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil). La imagen es sugerente pero falsa: los musulmanes fueron expulsados y llegaron pobladores del norte, que buscaban oportunidades.
Olavide señalaba que había braceros que trataban de mejorar su situación. "Algunos, pero pocos, se destinan a arrendar pequeñas hazas de tierra de dos o tres fanegas cada una, de las que están inmediatas a los lugares, porque, estando un poco lejos, es imposible que puedan atenderlas. Los propietarios, abusando de esas circunstancias, se las hacen pagar a precios exorbitantes, causando dolor que un infeliz bracero pague diez pesos por el arriendo de una fanega de tierra, cuando a media legua, se ven millares de fanegas abandonadas." Según Olavide, jornaleros y braceros constituían un cuarto de la población total. Había también "pelantrines", arrendatarios, "clase respetable de hombres aplicados, que con su industria han adquirido dos o tres yuntas, que mantienen, y un corto caudal con que pagan el arrendamiento adelantado, porque así es la costumbre".
El caso es que la situación empeoró con la desamortización civil y eclesiástica. Los ricos terratenientes adquirieron (o usurparon) aún más tierras, muchas de las cuales habían estado arrendadas durante siglos. Aumentaron los ingresos agrarios. Los grandes propietarios explotaban sus tierras a través de administradores, vivían en Sevilla, en Madrid, jugaban a la política, defendían el proteccionismo. Algunos no sabían qué hacer con tanta tierra, la dedican a la cría de ganado bravo: Sender lamentaba las "cincuenta y cuatro mil hectáreas incultas, sembradas de boñigas de cabestro", que rodeaban Benalup.
Comenzó a hablarse de la reforma agraria. Durante años, esa fue la bandera que agitaron los sindicatos y algunos partidos. Es lo que se intentó hacer en los años 30, durante la República y la guerra civil. Cuando llegó la dictadura, los falangistas consiguieron aprobar una reforma agraria subreal: se colonizaron algunos territorios; se entregó media hectárea, ¡media hectárea!, a los colonos, que en realidad seguían siendo jornaleros, aunque ahora con un minúsculo aliciente para no abandonar la comarca. Los cercanos latifundios ya tenían mano de obra barata y, desde la peculiar visión nacionalcatólica, agradecida.
En los años 60, el problema agrario se resolvió de manera brutal: España pasó de ser un país retrasado, con una mayoría de población rural, a tener una economía moderna. El campo se mecanizó y los pueblos se despoblaron. Y algunas provincias. Jaén, por ejemplo, perdió un cuarto de su población: de 780.000 habitantes en 1950 a 670.000. No es mucho comparado con lo que sucedió en las dos Castillas, pero hay que tener en cuenta que la población andaluza ha crecido de 5,2 a 8,4 millones (60 %); la sevillana, de 1,1 a 1,9 (72 %).
En los años 60, pues, algunas regiones españolas se industrializaron y comenzaron a terciarizarse, no así Andalucía, que siguió siendo una región donde la agricultura tenía todavía un peso muy importante. Eso comenzó a cambiar en los años 80, cuando España entró en la CEE. La agricultura española tuvo que abandonar su función tradicional de sustituir importaciones y ahorrar divisas. De pronto, la actividad agraria ya no era rentable: sólo se podía sostener gracias a las subvenciones europeas.
Sigue habiendo jornaleros, empero. Ya no viven "con el pan y el gazpacho que les dan", como en época de Olavide, pero evidentemente, una agricultura poco competitiva no puede permitirse pagar altos salarios a trabajadores con un nivel formativo mínimo. Y sólo hay trabajo una parte del año, generalmente durante la recolección.
Se trató de solucionar ese problema mediante el empleo comunitario y el Plan de Empleo Rural (PER). Había antecedentes: en la República existió un subsidio, que los jornaleros llamaban despectivamente "la limosna"; durante la dictadura se implementaron ayudas por desempleo. "El sistema del subsidio por desempleo se aplicará en aquellas Comunidades Autónomas donde el paro estacional de los trabajadores agrarios eventuales sea superior a la media nacional y donde el número de estos sea proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias" (BOE, 31 de diciembre de 1983). El jornalero debía justificar un mínimo de peonadas trabajadas y, cuando las conseguía, tenía derecho al paro. Los ayuntamientos recibían subvenciones para que los parados acogidos al PER realizasen diversos trabajos.
Pronto, se llegó a la práctica perversa de que los jornaleros dejaran de trabajar cuando conseguían las peonadas mínimas, que exigieran al empresario que no declarara todos los jornales trabajados, que le firmaran peonadas que no se habían trabajado. En algunas zonas de Andalucía, había jornaleros que no querían trabajar porque ya tenían los jornales; en otros, había tan poco trabajo que era imposible conseguirlos. Algunos agricultores no declaraban sus explotaciones para cobrar el PER. Un perceptor tenía más de 2.0000 olivos en Albacete... En 2010, 1.600 jornaleros fueron sancionados por percibir de manera indebida el PER. Pese al paro agrario, nunca inferior al 20 % de la población activa, Andalucía comenzó a necesitar trabajadores inmigrantes. Primero llegaron a Almería, más tarde pasaron a recoger la fresa de Huelva, la aceituna.
¿Qué dicen los sindicatos de jornaleros a todo esto? Algunos siguen todavía con la vieja dialéctica de la reforma agraria y de la tierra para quien la trabaje: ¡no se han enterado de que la agricultura andaluza ya no es rentable! (O acaso quieren el retorno a la agricultura de subsistencia.) Otros sindicatos critican que las subvenciones europeas se entreguen a los propietarios; indican que el objetivo final de éstas es evitar que el campo se despueble: habría que repartirlas, pues, entre toda la población agraria o rural.
Se ha aseverado que el PER es un invento socialista para ganar las elecciones: desde que lo creó Felipe González, el PSOE siempre se ha impuesto en Andalucía. Últimamente, el voto socialista se ha atrincherado en las zonas rurales. Andalucía se ha convertido en el rotten borough del PSOE. Por otra parte, políticos del resto de España dicen que los andaluces no trabajan, que sólo se dedican a pasar el día en el bar: poco más del 1,5 % de los andaluces cobran el PER.
Quizá, el destino normal de muchos jornaleros andaluces habría sido la emigración, pero el PER les ha permitido seguir viviendo en sus pueblos, sin expectativas, sin futuro. En algunas poblaciones, el porcentaje de población que percibe el PER es descabelladamente elevado: en Marinaleda, por ejemplo, 700 de 1.100 activos (63 %); curiosamente, el alcalde de ese pueblo dice que allí hay pleno empleo. En Andalucía, lo cobran 128.000 personas.
La mala imagen del PER hizo necesario reformarlo poco más de diez años después de su puesta en marcha. Surgió el PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario). Sin embargo, el acrónimo PER tiene la fuerza de esos antiguos acrónimos soviéticos que se siguen utilizando: después de todo, aún existe un Komsomolsk en Ucrania, en Uzbekistán, en Turkmenistán, varios en Rusia. Todos, jornaleros y políticos, siguen hablando del PER aunque en los documentos oficiales aparezcan otras siglas. En fin, el mismo perro con distinto collar. Andalucía, por mucho tiempo, será la región del PER.
Por terminar de una vez, Olavide escribía que los jornaleros andaluces eran los "hombres más infelices que yo conozco en Europa". Lo cierto es que su situación es bien triste. ¿Lo ven ellos así?
